Los riesgos de las posturas absolutas por la inseguridad en Ecuador

Los discursos radicales que emiten figuras políticas y autoridades nacionales de Ecuador, con el pretexto de plantear vías que solucionen la crisis de inseguridad, han abordado distintos ámbitos: desde reformas legales extremas hasta ejecuciones.

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La más reciente causó polémica y la protagonizó el jefe de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Enrique Aristizábal. Durante las comparecencias para fiscalizar las actuaciones de jueces y fiscales en la Asamblea, el oficial dijo: “Me encantaría que un militar traidor a la patria sea fusilado, como debería ser”.

La expresión la emitió en momentos en los que el Ecuador discute y cuestiona el trabajo de los operadores de justicia, señalados por liberar a criminales. Sin embargo, muestra que las medidas extremas son contempladas en varias esferas.

Los planteamientos de este tipo develarían intereses políticos, pues apuntan a lograr el apoyo popular, en medio del temor que causa la criminalidad. Pero también dejan de lado el problema estructural que causa la inseguridad.

¿Por qué es recurrente el uso de este discurso?

La crisis de seguridad del Ecuador “es multicausal, tiene varias razones. Hay un consenso nacional de que algo tenemos que hacer, pero al ser un problema estructural, el aumento de las penas no va a servir como remedio, así como tampoco el aumento de las penas para niños y adolescentes, que si llega a la Corte Constitucional va a declararse inconstitucional”, argumenta Verónica Hernández, catedrática y cofundadora de la iniciativa ‘La Corte dice’.

Para Daniel Pontón, analista de seguridad, las expresiones de ese tipo tienen una elevada popularidad porque “el discurso de las penas y de la mano dura siempre va a ser un gran aglutinador”. Señala que el problema del crimen “tiene afectaciones psicosociales muy permanentes, tanto a nivel de las víctimas como en la espectacularización de los problemas de los afectados por los delitos. Se entra en la lógica del talión, del ojo por ojo”.

Un criterio similar tiene María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ). “Son discursos populistas que tratan de subirse a una moda nefasta, porque son inconstitucionales e imposibles constitucionalmente, porque el Estado no puede imponer penas que vulneren la dignidad humana. No se permiten torturas, pena de muerte ni cadena perpetua”.

¿Cuáles son los riesgos de emitir estos argumentos?

Y si bien ese tipo de expresiones se emiten como propuestas o sugerencias, los discursos tienen un impacto que sobrepasa la discusión en la opinión pública, según los expertos.

Hernández las cataloga como “narrativas vacías”, que se mencionan desde el desconocimiento de la ley. “El riesgo es generar situaciones como la que vivimos, casos diarios de lo mismo, de un crimen desmedido. No transforman”, opina.

A criterio de Pontón, las consecuencias podrían ser más graves, pues buscarían “acortar procesos y calmar audiencias”. Cree que se presentarían en dos niveles: las autoridades podrían “transgredir las normas, ampliar la capacidad discrecional”; mientras que en la sociedad, “la gente puede creer en la posibilidad de hacer justicia por mano propia y aumentar los estigmas hacia grupos sociales. Se podrían dar más casos como el de Las Malvinas porque aunque no autorizan, los discursos avalan esas prácticas”, acota.

Miño, por su parte, considera que se podría exacerbar la conflictividad. “Deberían medir el tono, proponer soluciones reales. Estas declaraciones no suman”, concluye.

Medidas para la seguridad

Los especialistas dan varias sugerencias para mejorar la seguridad en el país. Hernández piensa que los problemas deben tratarse en función de los informes y diagnósticos que el Gobierno tenga. Además, pide tomar en cuenta a la academia. “Hay gente experta en criminología, derecho penal, constitucional. El presidente tiene la facultad de llamar a quien quiera y tratar esos temas, que son secretos.

Miño, en cambio, sostiene que más allá de medidas punitivas en contra de los uniformados, “hay la necesidad urgente de depurar a elementos vinculados con el crimen organizado”. 

Pero también recomienda crear políticas públicas enfocadas en la detección y prevención del delito. El reto es encontrar mecanismos que eviten que la delincuencia contacte a los uniformados o se mantenga, dice.

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