Diana Acosta-Feldman: Código de Trabajo Universal
La Losep ha tendido a vulnerar derechos y a confundir modalidades contractuales, como los contratos ocasionales
La ministra de Trabajo, a propósito de las propuestas de reformas legales que llegarán a la Asamblea, se ha manifestado a favor de eliminar la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y tener un solo Código de Trabajo para todos, con lo cual coincido y apoyo, por ser correcto y constitucional.
Nuestra Constitución dispone en su artículo 11.2 que todos somos iguales, que gozamos de los mismos derechos y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado de manera personal o colectiva con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos; y es una obligación del Estado promover medidas para alcanzar esa igualdad real en favor de los titulares de derechos, pues el artículo 66.4 nos reconoce y garantiza a todas las personas el “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.
Este tema no es reciente y por esto en varias ocasiones la Corte Constitucional ha resuelto respecto de derechos y garantías distintos entre los trabajadores de la Losep y del Código de Trabajo, como es el caso de la licencia de maternidad y el período de lactancia.
La sentencia 36-19-IN/21 otorgó igualdad de condiciones, pues encontró que existía un trato diferenciado dependiendo del régimen laboral, lo cual es contrario al derecho a la igualdad y no discriminación, dado que no existía una razón objetiva ni una justificación constitucional para establecer una diferenciación entre trabajadoras.
La Losep ha tendido a vulnerar derechos y a confundir modalidades contractuales en el sector público, como los contratos ocasionales que perduran por años y que se interpretan después como estables provisionales.
Tener un código de trabajo universal es acertado, porque responde a la naturaleza y fuerza expansiva del Derecho Laboral, que permitirá a un mayor número de trabajadores homologar sus derechos y alcanzar esa tan ansiada tutela que abraza el ‘in dubio pro-operario’, con un nuevo Código de Trabajo que proteja al trabajo, como derecho humano fundamental, fuente de realización, dignificación, y que permita la empleabilidad para todos.